Vicisitudes del proceso de colectivización

En el campo libertario, al revés que en el sector franquista, no se conmemora el 18 sino el 19 de julio. El 18 es el aniversario del levantamiento fascista, el 19, el de la Revolución española. Verdaderamente, quien vence al alzamiento en los primeros días del levantamiento es la clase trabajadora que, ya con mucha antelación, venía reivindicando la Revolución social. De aquí que fueran los sindicatos CNT y UGT los que dieran inicialmente la pauta en las transformaciones estructurales en el terreno económico, social y político-militar. Dentro de esta coyunda sindical, hay que poner de resalte la mayor incidencia de la CNT y el área libertaria por su superioridad numérica y mayor radicalidad revolucionaria, y porque la UGT, sin estarlo totalmente, estuvo más coartada en sus ideas y proyectos, según las regiones, por los partidos socialista y comunista. Es, igualmente, de poner de relieve que, desde los primeros meses de la guerra civil, en el campo republicano se vienen dando, por razones diferentes, una estrategia contrarrevolucionaria de reconstrucción del Estado, que, a favor del hecho de la guerra y de la forma de recibir ayuda para la misma, se va desarrollando in crescendo desde la sordina hasta la abierta represión brutal y criminal contra elementos y estructuras revolucionarias. Con todo y a pesar de las restricciones, dificultades e impedimentos, no es menos de subrayar que el Estado y las fuerzas en él coincidentes no fueron capaces de aniquilar las transformaciones revolucionarias y que, como dice Marciano Cárdaba, solamente la victoria de Franco pudo poner fin al proceso revolucionario colectivista. Lo cual no podía ser de otro modo, como lo probó el hecho mismo del fin de la guerra, cuando el Movimiento Libertario, en trance de dominar el golpe comunista-negrinista y haciendo recuento de las fuerzas confederales, computa en su campo unos 300.000 hombres en armas repartidos por diferentes Cuerpos de Ejército.

El sistema de colectivización fue, en el plano económico, el hecho más memorable de la Revolución Española en el área republicana. Aunque es difícil, por la variabilidad de la línea del frente de guerra, establecer con exactitud la cantidad de tierras que entraron en ese régimen por medio de las incautaciones, puede decirse que alcanzó una tercera parte de todas las tierras  y puesto que tal régimen se aplicó principalmente a las tierras laborables, puede concluirse que abarcó los casi dos tercios de las tierras cultivadas en la España republicana.

La mayor parte, con diferencia, de esas colectivizaciones fue de obra y gestión de la CNT, en menor número de la UGT y una cantidad de ellas fue gestionada conjuntamente por CNT-UGT, pudiendo decirse que en estos casos, generalmente, la UGT aceptaba de buen grado las propuestas radicales de la CNT. Una diferencia cualitativa mayor se daba en el tratamiento de la pequeña propiedad y aparcería, pues mientras la UGT, por el peso de los partidos influyentes en ella (PSOE y PSUC, Partit Socialista Unificat de Catalunya, comunista) y dado que una buena cantidad de pequeños propietarios se habían afiliado a ella, consentía y hasta favorecía en casos la producción individualista (aunque tampoco fueron pocos los casos en que sectores más radicalizados de la Federación Española de Trabajadores de la Tierra, de UGT, tuvieron dificultades con las campañas de los individualistas ), en la CNT eran, entre otras, sobre todo razones de principio de oposición al concepto y al hecho de la propiedad productiva las que primaban. Así y todo, no se prohibió el trabajo individualista siempre que se redujera a una extensión que no exigiera trabajo asalariado y siempre, también, que el campesino individual en cuestión llevara sus productos a la cooperativa en común de consumo, pues, de lo contrario, tal campesino no podía optar a los beneficios y ayudas solidarias que la colectividad pudiera dispensarle.

Un dato a resaltar y, por otra parte plenamente aceptado por historiadores de ámbito burgués, es la gran mejoría que la explotación agraria alcanzó bajo esté régimen de producción que llegó, en ocasiones, a sobrepasar el 80 y el 100 % de la producción anterior a la guerra, a pesar de todas las dificultades que de la propia guerra se derivaban.

En el caso de la industria, fue igualmente generalizada la incautación y la colectivización, salvo en los casos de intereses extranjeros, en los que, sin embargo, se imponía el control obrero, limitando el área de decisiones de los propietarios al campo de la percepción de beneficios y manejos monetarios, de los que, sin embargo no podían disponer sin una previa autorización del Consejo económico de la propia industria, establecido y regido por el control obrero.

La transformación de las estructuras en modo revolucionario era, pues, un hecho consumado y de ello tenían que partir las fuerzas que pugnaban por la reconstitución del Estado burgués. Diríamos, así, que ambas fuerzas, revolucionarias y contrarrevolucionarias, aliadas por la guerra y contendientes entre sí por el mantenimiento o la superación cualitativa del Estado, fueron, cada una por su lado, impotentes para llevar a término pleno sus particulares designios. Diose, así, una permanente situación de tensión revolución/contrarrevolución, en la que la insoslayable relación política/economía habría de jugar el papel de eje de referencia en torno al cual se evidenciaba el sentido de unos y otros movimientos. Por un lado y desde el sector revolucionario, se creyó necesario adquirir posiciones firmes de control y fuerza en el campo de las decisiones políticas para asegurar la intangibilidad de las conquistas revolucionarias. Por otra parte, desde el sector político burgués se aprovechó precisamente esa debilidad del campo revolucionario para, a la vez que daban satisfacción legal a las propuestas radicales, ir dejando los resquicios legales (letra pequeña y ambigüedades) que les permitiera seguir socavando el régimen de colectivización. La iniciativa en esto arrancaba principalmente de los comunistas y del nacionalismo catalán. La estrategia comunista consistía en intentar reconvertir la colectivización en nacionalización para controlar la economía desde sus puestos de dominio central, y, junto a ello y con el fin de engrosar su militancia e influencia social, defender también la aparcería individualista y a los pequeños y medianos propietarios, en lo que coincidían con el nacionalismo catalán, muy necesitado éste de controlar el área de los rabassaires y de los propietarios agrupados en la Federació de Sindicats Agricoles .

El temprano decreto de 07/10/1936 de Vicente Uribe (comunista) al frente del Ministerio de Agricultura durante toda la guerra ya refleja claramente esta intencionalidad, pues dejaba a muchos propietarios fuera de la incautación y alentaba a aparceros y cosecheros a la recuperación de sus tierras para crear inseguridad en el régimen de colectivización. Por otro lado y en la creencia de asegurar así sus conquistas revolucionarias, la CNT que, en Cataluña, había controlado el orden de cosas por medio del Comité de Milicias Antifascistas, decide entrar en la Generalitat el 26 de septiembre de 1936 y un mes más tarde, el 24 de octubre, ésta promulga el Decreto de Colectivización de las Industrias y Comercios y Control de las Empresas particulares. Este Decreto, como contrapartida de la disolución del Comité de Milicias por la CNT, apenas unos días más tarde, representaba un documento extraordinariamente avanzado, pero el hecho de que, mes y medio más tarde, la misma Generalitat legalizara la mencionada Federació de Sindicats Agricoles, de rabassaires y propietarios, muestra claramente cuál iba a ser la línea anticolectivista de actuación de las fuerzas nacionalistas.

El gobierno que sucede al de Largo Caballero, así como las fuerzas coincidentes en él, mantuvieron durante toda la guerra su intención centralizadora, pero en lo económico no lo iba a tener tan fácil como en lo político. Una economía montada sobre la colectivización, desde el 19 de julio, no podía de ningún modo desmontarse a base de decretos. En los primeros de marzo de 1937, un decreto del Ministerio de Comercio (¡detentado entonces por el confederal Juan López!) decidía la incautación de todas las exportaciones al extranjero, lo que produjo un enorme malestar entre los colectivistas que procedieron a la desobediencia. El gobierno empleó la violencia y sus fuerzas ocuparon el centro obrero de Vilanesa (Valencia), lo que dio lugar a que la Columna de Hierro, confederal, bajase del frente de Teruel y procediese, también violentamente, a la defensa de los colectivistas. No le era, pues, tan fácil al Gobierno proceder a la realización de ese tipo de decisiones. Los sucesos de mayo de Barcelona y el modo de su finalización habían supuesto un recrudecimiento represivo de la acción gubernamental sobre todas las transformaciones revolucionarias establecidas por la CNT y entre ellas, las colectivizaciones, con el consiguiente malestar de aquellos que tenían la producción en sus manos. Por ello, con el temor de que de la creciente desconfianza y descontento de los colectivistas se pusiera en peligro la recolección de las cosechas, Vicente Uribe, el Ministro comunista de Agricultura, de quien ya más arriba expusimos su posición pro-propietaria, emite a principios de junio de 1937 otro decreto, tranquilizador ahora para los colectivistas, que, a la vez, pretendía servir de tarjeta de recomendación a favor del IRA (Instituto de Reforma Agraria, dominado por los comunistas) y declaraba que “por el presente año agrícola” declaraba legalizadas todas las formas de colectivización consumadas a partir del 19 de julio. Uribe, con tal restricción temporal, guardaba para sí la última carta de decisión. El hecho es que nunca, durante todo el conflicto, otorgó una condición permanente de legalidad a las colectividades, aunque, de hecho, tampoco pudo nunca eliminarlas.

Un ejemplo de la impotencia por ambas partes de llevar a término extremo sus designios lo muestra, claramente, el caso concreto del Consejo de Defensa de Aragón, constituido de hecho en septiembre de 1936 y legalizado el 17 de diciembre del mismo año. Que el aludido decreto de junio de Uribe había sido puramente “táctico” lo demuestran todas las publicaciones, mítines y propaganda de los comunistas que, desde el mes de julio y principios de agosto siguientes tomaron como blanco predilecto de sus ataques y acciones de desprestigio al Consejo de Aragón que se demostraron acciones preparatorias del ataque frontal. Este Consejo que se desarrollaba en autonomía y que era un modelo de eficacia revolucionaria, era también tenido por obstáculo de primer orden a los intentos centralizadores del gobierno comunistizante de Negrín. Dada la gran seriedad que la empresa de su disolución suponía, se insistió minuciosamente en los preparativos de la misma: se la hace coincidir con la ofensiva de Belchite que iba a tener como punta de lanza a las Divisiones confederales 25ª, 26ª y 28ª; se envía allí a la 11 División, mandada por Líster, “para descansar y reorganizarse” y se la hace acompañar de la 27ª (la “Carlos Marx”, comunista) y de la 30ª, comandada igualmente por comunistas y nacionalistas catalanes; el diez de agosto se promulga el Decreto de Disolución del Consejo de Aragón, que se publica al día siguiente con el nombramiento de José Ignacio Mantecón como Gobernador General para Aragón a las órdenes directas del Gobierno Central. La excusa del decreto era “para ir concentrando la autoridad del Estado”. Se procedió por las Divisiones allí enviadas a toda clase de detenciones, asaltos y pillajes, así como a la devolución de las tierras a aparceros, arrendatarios y propietarios que pasaron también a entrar a saco en el conjunto de las tierras y los bienes comunes. Pero, enseguida, los propios comunistas (vg. José Silva, Secretario General del Instituto de Reforma Agraria) reconocieron la gravedad de tal medida de disolución que había producido una tremenda desorganización del campo y, que, a la hora de producir la sementera, “una cuarta parte de la siembra no estaba preparada para recibirla”. Los comunistas tuvieron que modificar su política y consentir el proceso colectivizador, si bien detrayendo de él a aquel grupo de aparceros y propietarios que necesitaba para engrosar las filas de su campo y su área de influencia.

La Confederación Nacional del Trabajo celebra, del 6 al 11 de septiembre, un Pleno Regional de Sindicatos en Caspe, donde se va a exigir el respeto a las colectividades, y la devolución de sus bienes, así como el respeto a los Consejos Municipales. Se procede ahora a la reorganización de las Colectividades de forma que una comisión mixta de las mismas, forma parte de todos los organismos de la CNT en sus diversos grados, regional, comarcal y local. El control se hace así, ahora, en el día a día desde los sindicatos, y se determina que donde las colectividades sean conjuntamente de la CNT y de la UGT, los sindicatos observarán la misma acción de control que en los municipios y en las otras entidades oficiales.

Procesos parecidos a los del campo se dieron igualmente en el área de la colectivización de la industria. Los movimientos de intentos de incautación por parte del gobierno comunistizante, así como desde la Generalitat y por parte de los funcionarios rusos como “asesores”, se suceden desde principios de 1938. Juan Comorera, máximo dirigente comunista del PSUC, como consejero de Economía de la Generalitat emite, el 19 de enero de 1938, un decreto “personal” de incautación de los espectáculos públicos, a lo que las bases confederales del ramo responden con una huelga general. Comorera tiene que contentarse con que se nombre un organismo de intervención en el que un miembro sea el Subsecretario de Economía y los otros tres, interventores de la CNT.

Algo parecido sucede en el campo de las Industrias de Guerra. Aunque en este terreno y en razón de la perentoriedad de la guerra los organismos oficiales podían creerse más asistidos de razón “para la centralización”, también aquí los procesos de incautación fueron muy lentos, y fueron obligados a producirse de manera igualmente lenta. La resistencia de los confederales de base fue muy grande y la FAI consideró los intentos de requisa como un atentado a las libertades y a los derechos del pueblo español. Primero, el Gobierno comenzó a controlar salteadamente algunas industrias en Valencia, luego, ante la resistencia, procedió el 11 de agosto de 1938 a promulgar un decreto de militarización de las Industrias de Guerra, como medida más coercitiva, y a desplazar a ellas “técnicos” de su confianza (miembros del partido) y a crear una extensa burocracia, con consecuencias lamentables. Se hicieron interminables reuniones de representantes confederales con el Subsecretario de Defensa, sumamente presionado por Comorera, el PSUC y los técnicos rusos. La resistencia de base fue grande e impidió que la incautación pudiera realizarse al completo. Los talleres de Madrid se niegan a la entrega, a menos que se constituya el Consejo Nacional de Industrias de Guerra con representación confederal, lo mismo sucede en Valencia. La UGT accede, a regañadientes, a la incautación, pero la CNT resiste. En el mes de diciembre de 1938 a menos de un mes de la caída de Cataluña en las manos de Franco, todavía la incautación es más un intento y un proceso que un hecho.